“Carabineros de Chile como cuerpo armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal está sometido a las normas establecidas en la mencionada ley orgánica, su Estatuto, el Código de Justicia Militar y su propia reglamentación interna. Su personal no puede pertenecer a Partidos Políticos ni a organizaciones sindicales. Tampoco puede pertenecer a instituciones, agrupaciones u organismos cuyos principios u objetivos se contrapongan o sean incompatibles con las funciones que la Constitución Política de la República y las leyes encomiendan a Carabineros”, queda claro según la premisa de esta institución en la actualidad con dependencia del Ministerio de Defensa, que todos sus miembros sin importar su rango se deben a la seguridad y la protección de la ciudadanía. Relevante es saber que la jerarquía de los Oficiales de Carabineros comienza en el grado de SubTeniente y concluye con la más alta cual es Director General.
Hecha esta introducción y considerando la instrucción emanada de la Jefatura de Orden y Seguridad que se publica en la prensa hace unas semanas, en orden a prohibir el uso de “pistolas radar” (con las que se mide la velocidad de los vehículos) a los funcionarios de Carabineros de Chile que no posean rango de Oficial, queda claro que las carreteras de Chile han quedado desprotegidas en grado mayor, colocando en riesgo la vida o las consecuencias de un accidente, tanto de los infractores a la velocidad como la de quienes aplican la norma sean conductores o transeúntes. Conducir un vehículo no solamente significa manejar y moverlo en la dirección que nos propongamos, también implica el conocimiento de las normas y las regulaciones de tránsito, agregado a aquello la actitud siempre preventiva, defensiva y de respeto por los pares en las calles y carreteras del país.
Considerando que el Poder Legislativo cumple sus funciones en Valparaíso, también que la mayoría de los parlamentarios se trasladan a diario a cumplir con su trabajo, agregados a ellos las autoridades gubernamentales, los representantes de organizaciones diversas, y los que viajan por los caminos por razones propias, no existe a mi juicio razón alguna para impedir se obligue a todos sin distinción a cumplir con la Ley de Tránsito. Esta medida demuestra sin lugar a dudas, que a alguien le desagrada lo detengan, lo multen y lo controlen, también esta medida refleja la pésima y desafortunada decisión de demostrar a la ciudadanía de que solo los Oficiales saben cumplir con su deber.
Solo queda como conclusión … que el abuso de poder , el tráfico de influencias, y la siempre cuestionada verticalidad de las autoridades de gobierno, han logrado una victoria una vez más en favor de los circunstanciales poderosos … porque poderosos no lo serán siempre.
