sábado, 28 de mayo de 2011

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO, ... breve reflexión

Habiéndose realizado anteayer una de las mayores movilizaciones estudiantiles de los últimos tiempos, y porvenir para el 01 de Junio un paro nacional de alumnos de la Educación Superior, que demandan financiamiento para la también llamada Educación Terciaria, es oportuno reflexionar sobre el historial que aquella tiene en el contexto de país. Antes de 1980, en Chile solo existían 8 universidades entre ellas solo dos estatales: la Universidad de Chile cuyas sedes cruzaban el país en su totalidad, y la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago). Todas esas universidades (las estatales y las particulares) respondían en su época a la demanda de profesionales del mercado laboral con eficiencia pues los aportes estatales no tenían mayor trámite sino solamente el otorgado por el presupuesto de la nación. Los alumnos de aquellos tiempos a su vez, estudiaban con lo que se llamaba “Arancel Diferenciado”, cuyo subsidio porcentual permitía pagar lo estrictamente establecido por el nivel socioeconómico no existiendo deudas posteriores.

En la actualidad, la competitividad mundial tiene como fundamental para un país contar con un sistema universitario que permita obtener capital humano avanzado; aprendizaje y educación continua; mejoramiento regionales en áreas de desarrollo prioritario según localidad; cultura reflexiva y generación de debate público; e información y conocimientos avanzados, todo ello resultado de sus tareas propias de docencia, investigación, publicación y extensión, labores estas últimas que muy escasamente son realizadas por el sector privado.

Luego del año 1980 con la regionalización del país, nacieron universidades regionales resultado de la fusión de sedes provinciales de las universidades de Chile y Técnica del Estado. Así la nueva estructura de la Educación Superior quedó conformada por 25 universidades llamadas “estatales” las que se situaron en un organismo llamado hasta el día de hoy “Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas” (CRUCH). Vale señalar que el ingreso a alguna universidad del Consejo referido, queda supeditado a puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) actualmente llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU), examen administrado por la Universidad de Chile que en su aplicación, resultados y selección, resulta en la Oferta Académica de vacantes o cupos ofrecidos por las universidades del Consejo. Por tanto para acceder a la universidad estatal es y ha sido imprescindible, rendir el examen referido y aquello ponderarlo con puntajes de notas de enseñanza media y exigencias porcentuales por área verbal, matemáticas, y específicas que cada universidad resuelve previamente. Todo lo anterior resulta en una selección de estudiantes que ingresan por mérito de rendimiento.

Asimismo, desde el año mencionado (1980) a la fecha surgieron universidades “privadas” cuyo número alcanzó a 50. Es relevante también en este orden, considerar que se crearon aproximadamente 80 Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Lo importante de esta mención, es que 38 universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica privados, han sido cerrados definitivamente por motivos de financiamiento en el período hasta hoy. Como dato final, hasta 2007 en Chile existían 192 instituciones de educación superior, entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. En plano de acceso a este sistema privado de estudios superiores, no existe mayor exigencia sino la calidad de egresado de Enseñanza Media (High School) y acreditar la rendición de la PSU, no existiendo en este último caso objeción alguna ni reparo al puntaje obtenido. Lo innegable a la luz de lo señalado en este párrafo, es que el lucro o el “negocio” han sido entonces lo que ha beneficiado a quienes tuvieron la maravillosa idea de instalar una institución de esta naturaleza.

El sistema universitario público o estatal desde el año 1980, creo el Crédito Fiscal Universitario cuyo período concluyó el año 1987, cuando los alumnos que ingresaban a alguna universidad del CRUCH, se sometían a la acreditación de la situación socioeconómica que resultaba en porcentajes de Crédito cuyos saldos no cubiertos por aquel se transformaban en Pagaré por Deuda, cuyo instrumento financiero se ejecutaba una vez titulado el alumno o al término de dos años fuera de la universidad. Mientras tuvo nombre “Fiscal” el crédito en cuestión, fue el Estado quien asumió el financiamiento de esa alternativa. Lo relevante de este modo de financiamiento, es que su “espíritu” proponía la devolución de los fondos por parte de los alumnos al sistema, así permitiendo que nuevas generaciones se beneficiaran también y lograran la movilidad social a la que todo estudiante aspira. Lo negativo del asunto es que el porcentaje de pago fue tan ínfimo, que ya a fines de 1990 y con el país de vuelta a la democracia, los dineros impagos fueron incluso admitidos por un candidato a la presidencia de la república de la época, quien en una de sus intervenciones frente a estudiantes en la Universidad de Antofagasta dijo “aquel que tenga deudas por crédito universitario, que no pague más”.

Luego y desde 1988 se creó el Crédito Universitario, que traspasaba la administración de los fondos a cada universidad que los hubiese otorgado, esto con la finalidad de liberar al Estado de su participación en la recuperación de los dineros. Como consecuencia y con mínimos conocimientos financieros en la recuperabilidad de los montos, las universidades estatales no realizaron a cabalidad esta tarea, resolviendo el Legislativo una Reprogramación de Deudas mediante la Ley 19.083 que alteró el nombre de este sistema de crédito al de Fondo Solidario de Crédito Universitario. Esta reprogramación favoreció solamente a los deudores, pues aquellos reprogramados pagaron el 5% de sus ingresos líquidos durante 10 y 12 años plazo, agregado a la condonación de intereses a esa fecha. Solamente a los deudores pues las universidades no recuperaron (ni recuperarán) jamás el saldo de las deudas reales, también se omitieron los intereses por mora, y además no se tomaron las providencias jurídicas contra deudores que no reprogramaron, debilitando aquello aún más el sistema de financiamiento.

Así entonces el año 2004 mediante la Ley 19.848 y luego de 23 años de créditos otorgados a pérdida, las universidades contaron con la facultad de retener impuestos a sus deudores y llamaron nuevamente a quienes nunca reprogramaron sus deudas, a condonar intereses, y a cancelar sus compromisos mediante el pago inicial del 5% del total adeudado y los saldos a 10 años plazo, otra vez sujetos a la Declaración Anual de Ingresos cuyo trámite permite beneficiarse pagando el 5% de los ingresos líquidos obtenidos durante el año inmediatamente anterior.

En el intertanto en estos últimos años, ha surgido el Crédito con Aval de Estado cuyo préstamo bancario es un suicidio económico para los alumnos, pues hipoteca ingresos hasta por 20 años luego de los estudios, pues está sujeto a cláusulas usureras que permiten incluso embargos y demandas judiciales, que sin lugar a dudas no harán muy tranquila la vida profesional de quienes anhelaban la movilidad social. En el intertanto las Universidades del Estado están cada día más desfinanciadas, pues deben asumir costos de becas para sus alumnos, alojamiento parcial con pensiones para sus alumnos, alimentación para sus alumnos, y asumir los reajustes de su propio personal, y otros costos, que cada día se hacen más insostenibles. Surge entonces una pregunta a la demanda de los estudiantes: “porqué el Estado durante 30 años ha permitido el debilitamiento de su Alma Mater, sabiendo que eso es lo ÚNICO que permite a una nación llegar al desarrollo?” Saque usted sus propias conclusiones.

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