“La Asociación de ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional) y el Ministerio de Salud criticaron el aumento de la cantidad de recursos judiciales que presentan los usuarios en contra de las isapres”.
Increíblemente ambos organismos acusan una "industria de litigios" que busca fines de lucro considerando la cesión de las costas. En contraposición, los abogados se defienden manifestando que sólo protegen los derechos de los usuarios, y aseguran que la justificación de las alzas por parte de las isapres es ilegal. Lo anterior se viene sucediendo en consideración a las alzas arbitrarias que las instituciones de salud aplican a los planes de sus afiliados, y por tanto es cada vez más notorio el aumento de estas presentaciones y recursos ante los tribunales de justicia. Este asunto es importantísimo de tratar pues tiene varias aristas:
Primero, calificar de penosa y casi vergonzosa la complicidad de un organismo ministerial (del estado) en conjunto con uno privado y con fines de lucro, para aparecer públicamente criticando las acciones que el derecho jurídico ofrece a los afiliados a esas instituciones de salud. Vale señalar que la condición de afiliado a una isapre, la brinda un contrato mutuo llamado Plan el que a su vez ha sido previamente diseñado, estructurado y confeccionado por un staff de abogados que la propia institución de salud posee. Por tanto rara vez el afiliado sabe a ciencia cierta, con qué trabas o limitantes se encontrará para acceder a los servicios de salud que requiera tanto de modo propio como familiar, asimismo, lo más relevante es que muy poco se conoce de las ecuaciones y factores contemplados en los planes para las aplicaciones de los reajustes anuales.
Segundo, la amenaza consecuente de las isapres, de subir -en virtud de los litigios perdidos- los planes de salud de sus afiliados, es una reacción que se podría calificar a primera vista como “histérica”. Aplico aquel concepto pues si esas instituciones han perdido causas en tribunales, es porque el derecho y la ley no fueron entonces acuciosamente estudiadas ni evaluadas por los “expertos” abogados a los que pagaron y pagan para el diseño de los planes. La responsabilidad por tanto es exclusiva, interna y privativa de las isapres.
Tercero, la abogacía a diario abre nuevos nichos de mercado para su desarrollo, lo que es natural y no veo por tanto que su dimensión adquiera el nombre de “industria del litigio” como la han llamado. Es saludable no olvidar que así como los organismos y las instituciones tienen estudios jurídicos y no pocos abogados para la defensa y protección de sus derechos, también cada ciudadano puede adquirir los servicios de un abogado para que ante los tribunales lo defienda. Así tengo entendido y como única modalidad, se ejerce en la actualidad la justicia.
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