PENSIÓN, ... futuro incierto

Es complejo emitir una opinión objetiva sobre un tema tan susceptible y transversal como lo es este de las pensiones. Más complejo aún para quien lo lea y medite, pues este asunto toca las fibras de los intereses y fundamentalmente de la tranquilidad para aquella edad a la que nadie piensa llegará, pero todos llegaremos .

En Chile hoy, son dos millones y medio las personas que transitan por la tercera edad, entendido por tercera edad el segmento de la población que tiene sobre 60 años. Sumado a lo anterior, las expectativas de vida se han elevado de manera relevante, por tanto las pensiones han tomado un lugar en el debate ciudadano, que siempre debió ser importante y que hoy a muchos les desagrada reconocer. La primera conclusión es que las directrices han perdido años y décadas para tener resultados adecuados a su concepción, y por el contrario las leyes y sus modificaciones a través de los años han favorecido solamente a los grupos económicos que encabezan esta área.

Nuestras administradoras de fondos de pensión AFP desde su creación en 1981 han callado, y en silencio anidado en la conveniencia, el usufructo (Derecho por el que una persona o institución, puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios) de los dineros de millones de chilenos. Lo verdaderamente injusto de nuestro sistema de AFP, es que esas instituciones mercantiles en su mayoría están en propiedad, dirigidas, y hasta manipuladas en inversión por extranjeros. A su vez las inversiones o los inversionistas al parecer, nunca velan por el resguardo de los fondos, prueba de ello son los escándalos financieros que se han suscitado en el país, y que hasta el día de hoy no recuperan inversiones millonarias. Agreguemos lágrimas a lo anterior, admitiendo que las crisis económicas mundiales de las últimas décadas, cómodamente llamadas "recesión", han engullido como animal hambriento, billones de pesos de nuestros fondos dejando desnuda la teoría de mercado que anunciaba con pancartas que nuestro dinero se reproduciría siempre favorablemente. Lo definitivamente claro en este aspecto, es que gran parte de la masa laboral no desea que su dinero sea utilizado por terceros, quienes han demostrado nunca han pensado y pensarán en favorecer a los cotizantes, esta es la premisa que las AFP no podrán revertir ni con publicidad engañosa, ni con juramentos de rodillas. Consecuentemente la obligación impositiva en su destino, debe tener alternativas más variadas a las actuales, cuyos fondos actuales todos ignoramos en específico sus movimientos financieros.

La transversalidad del contexto llega a todo lugar, es así como hace unos días la ciudadanía tomó conocimiento de pensiones millonarias obtenidas con "arreglos" salariales temporales, subrayados con el aroma vertical del favor político, y amparados en la complicidad de una normativa legal abusiva y descarada. Con la ecuación anterior se logra que algunos chilenos se auto-otorguen dineros por pensión, que éticamente están situados sólo en el marco de la sirvengüenzura y que nadie en lo absoluto podrá justificar con excepción de quienes tienen rostros de hormigón. Ha sido tanto el escarnio y el escrutinio público de este episodio, que las masas han reaccionado al llamado a la manifestación y han marchado en las principales ciudades del país, repudiando el sistema y las influencias políticas detrás de este aprovechamiento lícito pero a todas luces abusivo. Entre paréntesis, si el caso Caval erosionó la credibilidad del actual gobierno, este caso coloca una lápida a toda intención por mejorar o reinstalar el manoseado discurso de la equidad y la igualdad social.

Marcha contra el Sistema de Pensiones AFP - Julio 24, 2016

Pero en la palestra de las pensiones hay mucha responsabilidad también de los trabajadores futuros pensionados, esta es la parte impopular del tema. Estudios y comisiones han llegado a la conclusión de que el sistema requiere de aumentar el porcentaje de aporte a los fondos previsionales que hoy se sitúa en 10% del ingreso imponible. Por supuesto nadie desea que le resten dinero a su sueldo es por ello que todos están expectantes y temerosos de una resolución que aumente los rangos impositivos. Por otra parte, también existe una responsabilidad mayor en los cotizantes que se "favorecen" declarando dineros que no son proporcionales a su remuneración. Y a lo anterior, agreguemos los períodos "laguna" impositiva, que debilitan aún más las proyecciones de promedios de pensión que hoy se conocen.

En consecuencia la solución a esta dificultad no está en medidas populistas, AFP estatales, cambios masivos de Fondos, desaparición del sistema de administradoras, o la utilización de fondos en hipotecas u otro instrumento.  La recomendación única y objetiva es la capacidad de lograr información nítida según nuestro caso y la decisión autónoma de cada uno en cuanto a sus fondos y las operaciones financieras favorables que el sistema ofrece. Lo anterior implica necesariamente, interesarnos por conocer más y más sobre el tema, asesorarnos con personas idóneas y que se desempeñen en el área, y resolver los movimientos teniendo a la vista los antecedentes estadísticos que correspondan. Gran tema, gran tarea educarnos (e informarnos).

DESCUENTO LEGAL, ... al bolsillo de quién?

El trabajador dependiente presta sus servicios, sujeto a las condiciones contractuales establecidas en el documento firmado entre el empleador y el trabajador. Entonces contra el servicio percibe una remuneración, monto de dinero del que la Ley obliga a retener el 17% (desglosado en 10% para Fondo de Pensión y 7% para Salud), más un adicional que es aproximado al 3% según compañía de seguros por Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Ahora cuando decimos “retener”, nos referimos al acto por parte de empleador, de descontar del sueldo del empleado los porcentajes referidos pero con la finalidad exclusiva de cotizar o pagar las obligaciones previsionales según plazos, organismos e instituciones que corresponda para cada trabajador.

Pero todo esto que parece un engranaje preciso y que debería funcionar correctamente, no es tal. También conlleva uno de los delitos más frecuentes, menos castigados y hasta permitidos con naturalidad por la sociedad. Sin ir más allá, hace unos días en la Cámara de Diputados del Congreso de la República se realizó la reunión de Comisión de Minería que investiga el asunto de la Mina San José, que hasta hoy mantiene atrapados en las profundidades de la tierra a 33 mineros trabajadores de la empresa San Esteban propietaria de la Mina mencionada. A esa reunión fueron invitados los dueños, quienes entregaron detalladamente antecedentes e información fundamentalmente técnica, pero sesgadamente sobre asuntos laborales. Según información inmediata al evento del derrumbe de la Mina, a los trabajadores no se les había cancelado las cotizaciones previsionales por meses. Consultados en ese momento por los asuntos previsionales de sus empleados, solo bastó un “hemos pagado y puesto al día ese asunto”, para que nadie más dijese nada. Cabe señalar que la Ley multa esta falta, con pagos mínimos e irrisorios que más encima van a las arcas fiscales y no precisamente a atender la problemática de las víctimas. A su vez, no distingo si es jocoso o deprimente que las instituciones de salud, previsionales y en general que tienen la responsabilidad en velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas, avisen y comuniquen de las faltas y errores, solamente a los empleadores y jamás a los trabajadores, … algo anda mal a todas luces.

Lo desafortunado de todo esto, es que cuando alguien requiere de atención médica propia o para algún miembro de su familia (carga), recién sabe o se da cuenta de que su empleador no le ha pagado las cotizaciones previsionales. Más desafortunado aún es el resultado de muerte, sin los debidos pagos por concepto de seguro. Se agrega a lo anterior, el período impago del fondo de pensión que traerá consecuencias futuras por aspiración a una mejor calidad de vida, y en lo inmediato producto de las rentabilidades no obtenidas. Es así como, se puede observar tanto en la noticia señalada en la imagen como en el comportamiento ciudadano cotidiano, que se subestima este inmenso problema, y no se sanciona categóricamente como es debido a quienes abusando de su poder resolutivo o jerárquico, guardan (gastan y reinvierten) para sí los dineros que por derecho pertenecen a los trabajadores producto de su esfuerzo.

Es vergonzoso que el Estado y sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, garantes del cumplimiento normativo y de las leyes, no se esfuerce con rigurosidad en disminuir a su mínima expresión esta clase de HURTO LEGAL, que presenciamos a diario en todo lugar de esta nación.