Sonnia Navarro Morales (52) Jueza del Primer Juzgado Civil de Santiago, quien ha tenido que dirimir en casos de connotación nacional como el caso Chispas, Inverlink, Farkas versus Irons, y el caso farandulero entre Argandoña y Calderón por violencia intrafamiliar, más otros, hace historia hoy en el poder judicial al abrirse un cuaderno de remoción en su contra. Cuaderno de remoción es la antesala a la destitución de funciones y como tal, el abandono del cargo. La causa de esta situación está en el arrojo de resultado positivo a exámenes que acusan el consumo de sustancias prohibidas (drogas), examen que el Poder Judicial chileno aplica a todos sus funcionarios desde Magistrados (Jueces) hasta el personal administrativo que lo componen. Pero es innecesario a mi juicio, levantar el dedo acusador sobre la víctima quien ha hecho una carrera notable y analizar su vida privada, o si es verdaderamente culpable o no, sino el hecho en sí.
Desde 2007 se aplica esta práctica en este poder del estado, lo que a todas luces es una señal más que positiva para la ciudadanía, la que debería ser necesariamente imitada también por el poder legislativo (quienes se han opuesto) y el ejecutivo. Si bien los parlamentarios en particular, justifican su negativa en la innecesaria inversión de recursos fiscales (lo que llama a suspicacia), vale reconocer y resaltar que el judicial anualmente invierte 26 millones y fracción de pesos (US$52.000.-) en este concepto. Excelente inversión si consideramos que el costo de la confianza y en particular el de la imparcialidad, debe sino instalarse ser intrínseco a cada uno de sus miembros, en especial a quienes sancionan la ley.
Lo plausible y valorable en este caso, es el hecho de que una decisión tan relevante sea conocida por la ciudadanía produciendo connotación pública. Esta a mi juicio es la más importante arista de este caso, pues brinda una señal potente e inequívoca a todos quienes deseen ejercer el poder, desde las esferas menores hasta las más “intocables”. No obstante, alguien en su justo derecho podrá señalar que esto ocurre: porque es temporada de elecciones, porque el poder judicial necesita “blanquear” su imagen, o bien porque la jueza es mujer ejerciendo el poder en un país machista.
Para concluír, todos quienes gobiernen y todos los que conforman el aparataje estatal sin excepción, están llamados a acreditar no solamente su capacidad y competencia, sino también sus condiciones personales las que indudablemente en manos de alguna adicción quedan sujetas a aspectos de condicionalidad que no tendrán nunca resultados favorables, ni para quien consuma ni para quienes deban asumir las consecuencias posteriores de sus decisiones.
Desde 2007 se aplica esta práctica en este poder del estado, lo que a todas luces es una señal más que positiva para la ciudadanía, la que debería ser necesariamente imitada también por el poder legislativo (quienes se han opuesto) y el ejecutivo. Si bien los parlamentarios en particular, justifican su negativa en la innecesaria inversión de recursos fiscales (lo que llama a suspicacia), vale reconocer y resaltar que el judicial anualmente invierte 26 millones y fracción de pesos (US$52.000.-) en este concepto. Excelente inversión si consideramos que el costo de la confianza y en particular el de la imparcialidad, debe sino instalarse ser intrínseco a cada uno de sus miembros, en especial a quienes sancionan la ley.
Lo plausible y valorable en este caso, es el hecho de que una decisión tan relevante sea conocida por la ciudadanía produciendo connotación pública. Esta a mi juicio es la más importante arista de este caso, pues brinda una señal potente e inequívoca a todos quienes deseen ejercer el poder, desde las esferas menores hasta las más “intocables”. No obstante, alguien en su justo derecho podrá señalar que esto ocurre: porque es temporada de elecciones, porque el poder judicial necesita “blanquear” su imagen, o bien porque la jueza es mujer ejerciendo el poder en un país machista.
Para concluír, todos quienes gobiernen y todos los que conforman el aparataje estatal sin excepción, están llamados a acreditar no solamente su capacidad y competencia, sino también sus condiciones personales las que indudablemente en manos de alguna adicción quedan sujetas a aspectos de condicionalidad que no tendrán nunca resultados favorables, ni para quien consuma ni para quienes deban asumir las consecuencias posteriores de sus decisiones.
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