DEUDAS, ... consolidadas

El Lunes ha ingresado ha trámite en el Congreso de la República el Proyecto que busca unificar los antecedentes, datos, deudas y capacidad económica de cada uno de los chilenos. Este proyecto enviado por el Gobierno ha generado un interesante debate entre autoridades, parlamentarios, representantes del comercio y en general de gran parte de la ciudadanía. Tomar parte o tener una opinión absoluta sobre este tema es a mi juicio, muy temprano aún para ello en virtud de la gran cantidad de aristas que posee. Lo que sí es relevante, es la aplicación y el efecto que una ley de esta naturaleza tendrá en las aspiraciones de cada familia en nuestro país.
En Mayo de 2008 se publicaron en la Internet los datos personales de aproximadamente 6 millones de chilenos (somos 16 millones y fracción), producto del hurto de información realizada por un hacker a organismos propios del gobierno. Este precedente reciente y que pasó sin mayor preocupación ni explicación para los chilenos, es un factor que inicialmente no permite contar con la debida confianza en un sistema como se dice “consolidado”.
Hace mucho tiempo la economía de mercado está dividida en banca y retail, banca (bancos) que comparte información de sus clientes (obligatoriamente por ley), pero que desconocen la información específicamente de deudas, comportamiento y capacidad de pago de los clientes de las empresas retail (falabella, ripley, paris, polar, corona, líder, jumbo, etc), quienes a su vez permiten y han permitido a gran parte de la población, impedida de acceso a crédito bancario, acceder a una mejor calidad de vida.
La presidenta de la república comentando esta iniciativa, ha señalado que al contar con los antecedentes económicos de cada uno de los chilenos, se podrá transparentar el sistema y se favorecerá a quienes tienen y han tenido comportamiento responsable con sus deudas. Lo que no dijo es lo que ocurrirá con quienes no poseen ese comportamiento, pues nadie toma un crédito para no pagarlo sino por necesidad, asimismo si . Asimismo no contextualizó los momentos de crisis que el país vive en la actualidad, olvidó señalar el 10% aproximado de cesantía y por tanto la vulnerabilidad actual del sistema de deudas, y por último no expresó que se pretende legislar un asunto que una vez más compete a cada uno de los chilenos, y no, a unos pocos que deban convertir esta materia en Ley.

Este asunto en definitiva, omite la transversalidad del derecho constitucional de la privacidad, y omite el derecho a endeudarse o no de cada cual y por tanto el derecho a elegir que hacemos con nuestro dinero. En definitiva, esto más parece un “gallito” entre algún ministerio ligado a la economía, quién presionado por los bancos, con esta ley pretende arrebatarle los antecedentes a las empresas de retail, para no solamente transparentar, sino para contar con la información detallada del movimiento crediticio, sus ganancias, sus abusos, sus ventajas y su cautiva clientela.