miércoles, 5 de mayo de 2010

FISCALES ESCUCHANDO, ... quien garantiza a quién?


El Mercurio, Mayo 5 de 2010 ... por mucho que se pretenda justificar o proteger o asegurar o penalizar ... la JUSTICIA debe antes mejorar criterios en sus fallos y en sus sentencias ... ello no se mejora con pruebas verbales o telefónicas ... haga clik sobre la imagen para leer

(post 22 de Octubre de 2009 y relacionado con la interceptación telefónica)

Uno de los efectos de los aumentados niveles de la delincuencia en Chile, es la iniciativa que se discute por estos días, la que favorece la labor de los fiscales para intervenir las llamadas telefónicas de fijos y celulares sin la debida orden judicial u orden emitida por un juez.
En primer lugar este proyecto propone la intervención de cualquier teléfono, fundamentando su accionar en la optimización de los tiempos, y en el mejoramiento de las pruebas delictuales que logren un proceso más rápido, y por tanto una sentencia casi fulminante. A la luz del precedente existente en el ámbito judicial, no se ve a primera vista mucha ganancia con esta facultad, pues los delincuentes de igual forma -con pruebas o sin ellas-, logran defensas en tribunales que más dejan la sensación de escudarlos que perjudicarlos.
Lo desfavorable como resultado de esta situación es lo más relevante. Las comunicaciones telefónicas de todos los ciudadanos podrán ser intervenidas y con ello el derecho a la privacidad sino será vulnerado, quedará desprotegido y en manos de personas que pueden como siempre hacer negocio o perjudicar a inocentes intencionalmente. La privacidad es un derecho inalienable y sagrado de cada persona, por tanto no transable, ni discutible, ni mucho menos tratable por organismo estatal, judicial ni comercial alguno.
En la actualidad solo un juez (imparcial) puede ordenar una intervención de esta naturaleza, pues para ello cuenta (se supone) con los debidos antecedentes procesales o de denuncia, que le permiten ampararse también frente a las características de un juicio justo y por tanto ejercer su investidura para hacer respetar la ley. Por lo tanto una cosa nada tiene que ver con la otra. Que unos señores pretendan mejorar las condiciones de su trabajo a costas de todos los ciudadanos, me parece desmedido y abusivo por aplicar algunos calificativos. Está bien que deseen enjuiciar al delincuente, pero existirá garantía plena y absoluta para los que no lo son? …

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